Los hinchas españoles están este jueves pendientes de si la justicia de su país considerará legal la huelga indefinida que los futbolistas tienen previsto iniciar el sábado o si la suspenderá, permitiendo que la Liga finalice normalmente.

Esta huelga tendría tal impacto tanto en el público como en el propio campeonato que el sindicato de jugadores (AFE), que ha convocado la huelga, y el Liga de Fútbol Profesional (LFP), que la denunció ante la justicia, negocian en paralelo para intentar evitar el paro.

"No sé si habrá acuerdo", decía en la mañana de este jueves el presidente de la LFP, Javier Tebas, en una conferencia, pese a que la víspera se mostraba esperanzador. "Vamos avanzando, pero tenemos que seguir hablando", dijo en la noche del miércoles al salir de una reunión con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, y el responsable de la AFE, Luis Rubiales, convocada para tratar de buscar una solución.

Las partes se citaron a partir de este mediodía, independientemente de lo que pueda decidir la justicia española, que tendría de plazo hasta las 15h00 locales. Si la huelga sigue adelante, el líder liguero, el Barcelona, no podrá jugar su partido contra el Atlético de Madrid que lucha por la tercera plaza, y si continúa, también podría suspenderse la última jornada.

Tebas, que cifró las pérdidas en 50 millones por jornada en caso de huelga, reiteró este jueves que si ésta se mantiene, las jornadas que no se jueguen no se recuperarán con el riesgo de que el campeonato se pueda dar por terminado con la clasificación actual.

"Claro que puede haber derecho a la huelga, pero la huelga comporta un sacrificio, al extremo que pueden llevar a sus clubes al descenso de categoría", dijo el presidente de la LFP en referencia a los jugadores de equipos que están en riesgo de descenso, que se consumaría tal cual sin esas dos jornadas.

Ingresos hasta 1.000 milliones

En el origen del conflicto figura la nueva venta centralizada de los derechos de televisión y su reparto, frente al modelo actual en el que cada club negociaba por separado con los operadores, lo que favorecía a los grandes como Barcelona o Real Madrid. El gobierno aprobó así a finales de abril un decreto reclamado por todo el sector del fútbol, que permitirá a la LFP negociar estos derechos, que supusieron unos ingresos de 800 millones en 2013-2014.

El ejecutivo y la LFP creen que con el nuevo decreto, los ingresos podrían llegar a los 1.000 millones. Pero el reparto de estos ingresos no ha gustado a todos y así, la Federación de Fútbol (RFEF) decretó un paro del fútbol a partir del 16 de mayo, mientras que, al día siguiente, la AFE la seguía y anunciaba una huelga, ambos pidiendo un cambios en el decreto.

Según Tebas, una de las peticiones de los jugadores sería que el 10% que recibiría la Segunda División de los ingresos que irían destinados a los clubes en el nuevo reparto, suba al 20%. El nuevo decreto va a ser avalado este jueves en el Congreso de los Diputados español sin enmiendas, por lo que cualquier cambio debería llevarse a cabo por medio del convenio colectivo de los jugadores.

Para muchos especialistas, en el fondo del conflicto está la animadversión personal entre Tebas y Angel María Villar, presidente de la RFEF, desde hace 27 años, al que el presidente de la LFP acusa de comportarse como "un señor feudal". "¿Qué hay detrás de todo eso? Hay pésimas relaciones personales, no pueden ser peores. Y un marco de regulación muy complejo", según Alberto Palomar, profesor de derecho especializado en deporte en la Universidad Carlos III de Madrid. Villar y la RFEF no fueron invitados al intento de mediación entre la Liga y los jugadores organizado por el gobierno.

afp/livefutbol